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La oposición argentina se prepara para
meter en la cárcel al matrimonio Kirchner cuando doña Cristina abandone
la presidencia. Ambos serán acusados de apropiación indebida y
malversación de fondos públicos. Dicen que no será difícil probarlo.
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 En
Nicaragua, Daniel Ortega dirige un indecente acoso judicial contra el
líder de la oposición Eduardo Montealegre para obligarlo a cambiar la
Constitución, de manera que él pueda reelegirse permanentemente. En
Panamá, organizan y recaban las pruebas necesarias para proceder contra
Martín Torrijos por un caso de corrupción. Quienes con más saña lo
quieren destruir son gentes de su propio partido.
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En Perú, Fujimori está preso, pero si su
hija Keiko gana la presidencia lo indultará y procederá judicialmente
contra el actual gobernante Alan García y contra Alejandro Toledo, el
anterior mandatario.
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 En el exilio
norteamericano conviven el ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de
Lozada y el ecuatoriano Jamil Mahuad, ambos amenazados por los jueces de
sus respectivos países como forma de mantenerlos alejados de casa.
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La lista es mucho más larga, pero no es
necesario mencionarlos a todos. Son pocos los países latinoamericanos a
salvo de estas vendettas judiciales. El que triunfa, intenta liquidar al
que ha salido. En estas naciones la ley no es un instrumento para
reglamentar la convivencia civilizada, sino un mazo para aplastarle la
cabeza al adversario, como hacían los soldados aztecas con quienes
robaban frutas en el mercado: allí mismo lo descerebraban de un golpe
certero y contundente en el parietal.
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 ¿Qué hacer
ante tanto despropósito judicial? La respuesta a esa pregunta
contemporánea la dio, curiosamente, un guerrero feroz de la tribu de los
isaurios a fines del siglo V de nuestra era cuando se convirtió en
emperador de Bizancio y adoptó el nombre griego de Zenón. Inspirado en
la idea católica del Juicio Final, y mortificado por el incumplimiento
de los magistrados y la corrupción rampante de los funcionarios de la
corte, Zenón emitió un edicto con el que instauró los “juicios de
residencia” con carácter obligatorio para los funcionarios importantes
del imperio.
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¿Qué era eso? Durante cincuenta días,
todo ciudadano convencido de que había sido víctima de una injusticia o
de un atropello por parte de un juez o un funcionario, podía acusarlo
ante un tribunal especialmente creado para ese fin, tan pronto éste
terminara su mandato. Muy pronto, la medida se hizo tremendamente
popular, pasó a la legislación medieval de otras regiones de Europa, y
en el siglo XIII fue incorporada al derecho castellano en las Siete
Partidas de Alfonso X el Sabio, fundamento de la legislación hispana en
territorio americano tras el descubrimiento de América.
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 Las ventajas
del “juicio de residencia” eran muy notables. No se trataba de una
venganza, sino de un procedimiento habitual. Todo virrey, juez o
funcionario importante sabía que, tras ejercer su mando,
obligatoriamente se le abriría una pesquisa judicial, sus actos de
gobierno serían examinados, y sus víctimas, si las había, tendrían la
oportunidad de reclamarle, así que trataba de ajustar sus actos a
derecho para no convertirse él mismo en reo de delito. En el Archivo de
Indias en Sevilla se conservan cientos de expedientes de estos
fascinantes procesos legales que, sin duda, contribuyeron a fomentar el
prestigio de la Corona española en las colonias. Lo que se esperaba del
distante rey era, al menos, justicia.
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Lamentablemente, los “juicios de
residencia”, caracterizados por una gran complejidad burocrática, fueron
asociados a las prácticas coloniales del gobierno español y no se
incorporaron a los métodos de gobierno de las repúblicas
latinoamericanas cuando éstas fueron creadas en el primer tercio del
siglo XIX, pese a la inmensa popularidad del procedimiento entre la
población.
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Tal vez sería una magnífica idea retomar
esa vieja tradición en nuestros días. Por una parte, serviría como freno
y advertencia a cualquiera que acepte ocupar un puesto público; por la
otra, le transmitiría a la sociedad una reconfortante sensación de
justicia; por último, le pondría fin al uso discrecional de la ley con
fines partidistas --todos estarían sujetos a esa auditoría final--, y se
acabaría el espectáculo poco edificante del uso de los tribunales para
machacar adversarios. A veces es posible aprender de la historia.
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