Presidente Macri endurece ley migratoria de Argentina

El presidente aumentó controles para acelerar deportaciones justificando la medida en un aumento de delincuentes extranjeros

El presidente Mauricio Macri aprobó polémicas medidas que endurecen el control migratorio en Argentina y aceleran los procesos de expulsión en caso de delitos y de ingreso clandestino de extranjeros, a través de un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial.

El gobierno justificó en «recientes hechos de criminalidad organizada» la nueva reglamentación, que también busca acelerar las deportaciones, sin requerir una condena firme, a través de un «procesamiento migratorio especial de carácter sumarísimo», de no más de dos meses.

Las autoridades alegan que actualmente concretar órdenes de expulsión «puede llegar a siete años de tramitación».

El decreto firmado por Macri y todo su gabinete precisa que el procedimiento sumarísimo se aplicará a extranjeros involucrados en hechos delictivos y «a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional».

«Ponemos límites a quienes vienen a delinquir. Trataremos de expulsarlos. Antes había controles pero no había una política clara del Poder Ejecutivo en este tema», declaró el director de Migraciones, Horacio García, al canal Todo Noticias.

Negó sin embargo que Argentina, país de tradición inmigratoria, esté cerrando sus fronteras y aseguró que «215.000 personas ingresaron en 2016 y obtuvieron su radicación».

La nueva norma establece que no podrán ingresar a Argentina personas que presenten documentación falsa u omitan informar de antecedentes penales por delitos graves, que van desde tráfico de armas y personas hasta «actividades terroristas». También pueden cancelarse las residencias otorgadas en el pasado «cualquiera fuese su antigüedad».

Según el decreto, «la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en el 2016 el 21,35% de la población carcelaria total», y en los delitos «vinculados a la narcocriminalidad, un 33% de las personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal son extranjeros».

Por estas y otras razones el Gobierno cree estar ante «una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes».

El decreto presidencial fue cuestionado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que advirtió sobre la parcialidad de las cifras debido a que se refieren al Servicio Penitenciario Federal que representa solo el 15% de la población carcelaria total.

Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del CELS, explicó que los supuestos por los que se prohíbe el ingreso o se puede expulsar de Argentina a un extranjero ya estaban contemplados en la Ley de Migraciones aprobada por unanimidad en 2004, una norma que da derecho a residencia al habitante de Latinoamérica, «como sujeto privilegiado».

La ley contempla la expulsión a condenados por delitos con penas de más de cinco años de prisión pero la reforma agrega otros como los que figuran en el código contravencional.

«Esto puede alcanzar situaciones de venta en la vía pública, personas que están en una casa tomada o los que corten la calle», señaló Morales al diario Página/12.

Una Nota Informativa desde nuestra Mesa de Redacción
Fuente: Agencias