El Gastómetro

23 de agosto de 2013

La economía sumergida, esa especie de evasión fiscal de las clases medias y de los pobres, tiende a ser mayor cuanto más alta es la presión tributaria de un país, según el principio universal de que los impuestos los pagan quienes no pueden eludirlos. En España se calcula por encima del 20 por ciento del PIB, y al alza pese al esfuerzo de un Gobierno que prefiere porque le resulta más fácil inspeccionar a las rentas medianas que a los grandes evasores, a los que directamente amnistía a cambio de una décima parte de su fraude. El problema de combatir esa bolsa económica informal que acolcha el impacto social de la crisis es que si aflorase del todo una gran parte dejaría de existir.

Muchos de esos negocios o actividades irregulares sólo tienen sentido precisamente porque lo son; si tuviesen que tributar cerrarían y el Estado se quedaría igualmente sin su parte. Así ocurre, de hecho, a medida que Hacienda ve iluminando con su foco los rincones de esa sociedad paralela que explica en buena medida por qué no estalla un país con seis millones de parados.

En Italia, país que sobrevive a su endémica mala administración con una sofisticada ingeniería popular del fraude, han inventado el gastómetro: un sistema de cruce de datos para investigar a los contribuyentes que consuman un 20 por ciento más de su renta declarada. Un Gran Hermano fiscal que examinará desde el seguro del coche, el recibo de la luz o la factura del gimnasio hasta los créditos, las compras o los gastos vacacionales, para detectar a los que viven no sobre sus posibilidades sino sobre las de su realidad tributaria. Un tamiz recaudador que parte, como todos los mecanismos de inspección, del apriorismo de que el ciudadano es culpable. En España, Hacienda cuenta con una presunción de veracidad que invierte de facto el principio general de inocencia ante los tribunales.

Ningún Gobierno central, local o periférico, sin embargo, se aplicaría a sí mismo ese gastómetro. Si lo hiciese saltarían todas las alarmas del mecanismo informático de criba, porque nadie gasta tan por encima de sus ingresos, ni de manera tan constante como las administraciones públicas. Lo llaman déficit pero se trata de simple despilfarro, autoconcedido bajo la coartada de la prestación de servicios esenciales. El simple ajuste de equilibrio presupuestario, la anulación de todo el prescindible dispendio del aparato político y burocrático oficial, compensaría en gran medida las pérdidas fiscales del opaco sector privado.

Pero la máquina de gastar jamás se detiene y además invierte parte del dinero que no dispone para implementar el modo de sacárselo a quienes lo generan con su actividad y su trabajo. El gastómetro es un gran invento equivocado; aplicado a escala administrativa sería un implacable medidor de calidad política. Una fabulosa, objetiva herramienta de control parlamentario.