Jesús Peñalver: Vuelta a la Patria de Lorent Saleh…

13 de septiembre de 2014

Lorenth Saleh


De conformidad con el artículo 35 de la Constitución de Colombia, “no se concederá la extradición de extranjeros por delitos políticos o de opinión.”

Pues bien, aunque hemos visto declaraciones y opiniones disímiles, lo cierto es que un venezolano ha sido deportado o expulsado desde Colombia hacia Venezuela, su país de origen, sin que hasta ahora medie una declaración oficial convincente del gobierno del vecino país, con suficiente asidero jurídico que justifique tal decisión.

Salvo mejor criterio, el gobierno de Colombia, ergo, Juan Manuel Santos, debe explicar la medida adoptada en contra del joven venezolano, Lorent Saleh, cuya conducta en el ámbito político es evidentemente contraria al gobierno venezolano.

Ab initio hemos citado la Carta Magna colombiana, porque la deportación del joven Saleh tendría implicaciones internacionales contra Colombia y Venezuela, porque el Estado colombiano habría violado su propia Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Veamos: La Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) señala al referirse al Derecho de Circulación y de Residencia, artículo, numeral 6. “El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente Convención sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley”.

Y luego, en el numeral 8 de la misma norma, indica que “En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas”.

Lorenth Saleh 5Si el afectado por la aludida medida se hallaba en Colombia legalmente, no cometió ningún delito ni violentó –al parecer- ninguna norma del ordenamiento jurídico colombiano; siendo que su vida o su libertad personal está en riesgo de violación, conforme se ha dicho, resulta lógico pensar que la decisión ha sido adoptada con prescindencia del orden jurídico que rige la materia, tanto en territorio colombiano, como en el llamado concierto de naciones que suscribió el Pacto de San Josè.

A esto se agrega que no había (no hay) solicitud alguna de extradición que involucre a Lorent Saleh. Y de existir tal orden, no habría lugar ni procedía su entrega a la policía política venezolana, ni a ninguna similar de otro país.

Colombia, insistimos, Colombia deberá explicar conforme con la legislación pertinente, su decisión como Estado soberano de deportar al joven venezolano; so pena de incurre en responsabilidad internacional por la violación de los derechos de los afectados

¿Tiene Colombia derecho de deportar a quienes incumplen las leyes de migración?
Sí, desde luego, como cualquier otro Estado soberano, pero ello debe hacer en concordancia con la legislación interna y la externa que rige –en este caso- a los Estados signatarios de la Convención referida o Pacto de San Josè.

¿Por qué la entrega al SEBIN, policía política de Venezuela?
No lo sabemos a ciencia cierta, pero si el joven Lorent Saleh y los otros afectados por la deportación se refugiaron allí, en Colombia, por temer por sus vidas o su integridad y libertad personal; por la amenaza de ser detenidos sin justa causa, llama la atención la actitud de las autoridades colombiana, habida cuenta que no tenían, ninguno de ellos, orden de aprehensión internacional, ni mediaba ningún proceso en curso.

Historia sobre deportaciones o entregas similares.

Hemos revisado con detenimiento sobre el asunto, y al parecer nunca en la historia, Colombia había entregado opositores venezolanos a las dictaduras que los persiguieran. Por el contrario, leíamos a la dra. Maruja Tarre Briceño, conocedora de la materia internacional, quien se refería a un familiar suyo, muy cercano, quien vivió en Colombia durante la dictadura gomecista.

Así lo expuso en la red social Twitter: “Mi abuelo,Joaquin Briceño Maldonado, perseguido x Gómez vivió en Barranquilla. Venezolanos activísimos en política (Manifiesto Barranquilla)”

En todo caso, dentro de su fuero como Estado soberano y los principios de autonomía y autodeterminación, pero sobre todo y como queda dicho, Colombia ha debido cumplir normas de derecho interno y externo a la hora de adoptar una medida como la que se comenta.

Intentando hilar fino, quizá hubiera sido plausible si Colombia hubiera deportado a los jóvenes a un país neutral, es decir, si “molestaba” su presencia en el país o supuestamente habrían infringido el derecho interno, lo cual no está demostrado, a pesar de la expulsión ello hubiera sido razonable, de menor impacto, y desde luego, se les hubiera garantizado sus derechos plenamente.

En relación con la supuesta violación de leyes de migración, vigentes en Colombia, aún así, no consta en ningún acto administrativo ni judicial que sustente, de allí que tal argumentación carezca de justificación.

De existir, los afectados tendrían la posibilidad de ejercer los recursos y acciones que le permitieran hacer uso del sagrado derecho a la defensa.

Estas notas son, grosso modo, aristas de un tema que merece la discusión y el análisis más profundos.

Dejando a salvo mejor opinión, para este escribidor el procedimiento adoptado por las autoridades colombianas fue violatorio de convenios internacionales, como la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, de la Constitución de Colombia y de las propias leyes migratorias colombianas.

En el entendido que Venezuela ha sido generosa a la hora de recibir inmigrantes y a perseguidos políticos; aunque Colombia siga siendo nuestro vecino, por cierto, es muy difícil que se mude, ojalá esto tenga una aclaratoria para bien o para mal.

Porque la verdad sea dicha, una vuelta a la patria así es dolorosa, sospechosa e indeseada, máxime si manda un régimen no precisamente aventajado en el respeto, la protección y defensa de los DD. HH.

Y nadie quiere ni desea en modo alguno ser echado a la jaula de los leones.



Jesús Peñalver Créditos

Jesús Peñalver es abogado

Columnista de Opinión
penalver15@gmail.com / @jpenalver







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