Gabriel Albiac: Poderes

No hay corrupción más rentable que la del lenguaje. Desde el vértice del mando, el lenguaje resulta ser una apisonadora con la cual laminar al desobediente; también, un manto de invisibilidad, envuelto en cuya magia, el más delictivo acto de un gobernante puede ser ejecutado sin riesgo. El escaso saber del penene que ocupa la vicepresidencia del Gobierno llega, sin duda, hasta ahí. No necesita saber mucho más aquel que aspira a imponer un sistema autoritario sin excesivo recurso a la violencia. Se reduce todo al viejo axioma de Lewis Carroll: «La cuestión», dice la ingenua Alicia, «está en saber si tiene usted el poder de hacer que las palabras signifiquen algo distinto de lo que quieren decir». «La cuestión, responde Humpty Dumpty, está en saber quién es el que manda; y punto».

Anteayer, el vicepresidente exhibía enfado ante los periodistas. No se le puede reprochar eso a quien anda con un pie en la linde del procesamiento. Fue zafio como exige aquel «plebeyismo» que Iglesias y Errejón proclamaron, en su día, purga curativa para nuestros males. No le bastaba eso. Necesitaba ahora revestir la zafiedad con galas de estadista. Nada mejor para ello que cobijarse bajo el manto de los padres fundadores de la teoría política. Montesquieu debió parecerle una coartada inmejorable. Cito en su literalidad el desahogo constitucionalista del vicepresidente: «Creo que todos los poderes que configuran la estructura compleja de los sistemas democráticos tienen que ser objeto de la crítica: el poder legislativo, el poder ejecutivo, el cuarto poder también».

La polisemia es peligrosa en política. Y «poder» anuda un área de significados casi selvática. Ateniéndonos al Diccionario de la RAE: 6 significados básicos como verbo, en torno a la «capacidad de hacer algo»; más otros 6 en tanto que sustantivo, que van, de la genérica fuerza o vigor, a la dominación política y, en su forma última, a la «suprema potestad rectora y coactiva del Estado».

Una gruesa -pero eficaz- amalgama permite al penene Iglesias fundir en el mismo arco semántico la «capacidad de hacer» (periódicos, por ejemplo) y esa «suprema capacidad coactiva del Estado», equiparando, en consecuencia, las reglas del juego para ambos. Y sugiriendo que es esa equiparación la que define la autonomía democrática de los poderes. Y que, por tanto, «la crítica al poder mediático es tan legítima como la crítica al poder político».

Existe sólo un problema. Que hasta un endeble penene debería conocer: que los poderes que Montesquieu analiza son «poderes del Estado». De lo contrario, el axioma «se precisa que, por la disposición de las cosas, el poder contrarreste el poder» carecería de sentido. El Estado moderno es la más formidable acumulación de coacción física y moral que haya conocido la historia. Sin su fragmentación y contraposición en poderes autónomos, el ciudadano quedaría apisonado. Esos «poderes» que se contraponen dentro del Estado, son tres: legislativo, judicial y ejecutivo. Hablar de un «cuarto poder» es una pésima metáfora.

Parlamento, jueces y Gobierno disponen de mecanismos tasados para hacer de la fuerza armada -en sus diversos grados, de la policía al ejército- el uso que juzguen preciso. El día en el que un director de periódico pueda hacer eso, el señor Iglesias tendrá todo el derecho de exigir para ese «poder» un trato idéntico al de los tres hoy vigentes. Hasta ese día, o bien el señor Iglesias se exhibirá aún más ignorante de lo que parece, o bien demasiado listo.

Gacriel Albiac, catedrático de Filosofía de la Complutense. Ha obtenido los premios González Ruano, Samuel Toledano y Nacional de Ensayo. Su último libro es «Blues de invierno»