Gabriel Albiac escribe sobre: Distracciones caras

9 de noviembre de 2013

Estado del Bienestar Portada



Una elemental prudencia exige de nosotros tomar nota de que la realidad la vemos, no con los ojos, sino con las palabras: no percibimos lo que hay, sino lo imaginado a través de esa trama de fantasías y deseos que la lengua cristaliza.
 
Welfare State fue expresión ideada para afrontar una situación límite: la que Roosevelt busca frenar tras la devastación que sigue al crac del 29. Traducida como «Estado del bienestar», arrastra una ensoñación idílica: que el Estado pueda garantizar la «buena vida» de sus ciudadanos. Pero no existe Estado que disponga de potestad semejante. Welfare State era eufemismo para hablar de algo, hasta entonces llamado beneficencia pública. Y la única traducción ajustada a su literalidad es la de «Estado benefactor» o «Estado de beneficencia». Su misión, tras la estrechez que siguió a 1929, era garantizar la subsistencia. Marcaba un mínimo para ayudar al ciudadano ante al cual se abría el abismo.
 
El más de medio siglo de prosperidad sin precedente que se abrió tras el fin de la Segunda Guerra Mundial dio a esa fórmula –en su inicio tan sombría– la apariencia de una euforia ilimitada: la progresiva opulencia de los Estados permitió soñar con un confort colectivo asentado sobre la riqueza pública. Y el ensoñado «Estado del bienestar», expandido a todos los campos de la actividad ciudadana, acabó por aparecer como una evidencia. Nadie parecía preocuparse demasiado por cómo pagar sus costes descomunales.
 Estado del Bienestar 1

España llegó a la democracia en el momento más alto de esa euforia europea. Y pareció lo más normal adoptar estilos de nuevo rico. A costa del erario público. Lo de la multiplicación exponencial de las televisiones públicas, en la loca espiral de las autonomías, pasó muy de lejos la raya del delirio. ¿Qué es la televisión? Un aparato de entretenimiento. Tan respetable como puedan serlo otros: circo, ópera, guiñol, bares, discotecas, teatros, cines… Parecía de lógica elemental, pues, que su uso fuera pagado por sus consumidores, mediante los mismos mecanismos a los que esas diversiones recurren: básicamente, pago por uso e ingresos por publicidad. Y todo hubiera permanecido en los límites tolerables que impone el mercado.
 
Pero alguien se había ya inventado el fantástica negocio de dar por sentado que la televisión era «un servicio público». ¿Y por qué no los conciertos de rock and roll o las partidas de petanca, dominó o tute…? Y que, como tal, sus gastos debían correr a cargo del Estado, o sea, de todos los ciudadanos a través de sus impuestos. Y, como los mini-estados llamados autonomías no iban a ser menos que «Madrid», cada cual compitió por tener la televisión más cara y fastuosa. Donde, por supuesto y siguiendo el modelo universal de la política española, fueron con mimo colocados los camaradas y amigos del partido y sindicatos dominantes en la zona. El resultado fue el gasto más obscenamente loco de la tan obscenamente dilapidadora administración española. Y nos hicimos a la alucinada idea de que la seguridad social podría quebrar, las universidades caerse a pedazos, pero a las televisiones públicas no podía tocárseles un céntimo.
 
¿La lógica de eso? No es difícil entenderla: quien controla los televisores, tiene en sus manos la mayor máquina de propaganda hasta hoy inventada. En manos de una administración o un partido político, eso se llama votos. Los televisores han garantizado el triunfo electoral de quienes los pagaban. 
 
Sólo que ahora no queda ya dinero. Y bien está que Fabra lo constate. Síganle otros.


Gabriel Albiac

Gabriel Albiac
Catedrático de Filosofía Universidad Complutense de Madrid

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