Centenares de cubanos siguen detenidos o desaparecidos

La asociación Cuba Lex ha podido constatar 770 arrestos, de los cuales han sido liberados 215, la mayoría de ellos con medidas cautelares como tres meses y un año de privación de libertad.


Por este mismo delito están siendo procesados el resto de los detenidos que participaron en las manifestaciones del 11J; a algunos se les imputa, además, de «instigación a delinquir», «atentado», «desobediencia» o «resistencia».

Al igual que Ferrer, se hallan detenidos otros líderes de la oposición como: Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, de Matanzas; Luis Manuel Otero Alcántara, artista líder del Movimiento San Isidro, de La Habana; y Ramón Salazar, presidente del Partido Autónomo Pinero, de la Isla de la Juventud.

Además de la experiencia, las preocupaciones de Nelva Ortega por su esposo aumentan al conocer los testimonios de los manifestantes del 11J. Incluso menores de edad, al ser liberados, han relatado las golpizas y otras torturas físicas y psicológicas a las que fueron sometidos. 

Entre estos alegatos se halla el de Gabriela Zequeira; la joven de 17 años fue liberada con una medida de reclusión domiciliaria, aunque unos días antes había sido condenada, en juicio sumario, a 8 meses de prisión. Gabriela contó cómo la amenazaban constantemente, incluso con una violación sexual. Tampoco le permitieron ver o hablar con su madre, y fue interrogada en varias ocasiones sin la presencia de un familiar o abogado defensor. Según CubaLex, todavía hay al menos seis menores de edad en prisión –de entre 14 y 18 años– y alrededor de veinte de entre 19 y 21 años.

El estudiante universitario, Leonardo Romero, narró las golpizas de las que fue víctima: varios agentes lo patearon. Además, le golpearon las piernas con tablas y luego le rompieron la nariz de un cabezazo.

Discurso oficial


Pese a la existencia de cientos de vídeos y testimonios que corroboran la violencia policial y las violaciones de los derechos humanos desde el 11J, las máximas autoridades del país solo han negado y escondido estos datos, además de justificar la represión.

El presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, dijo en una conferencia de prensa el 24 de julio que «en el país, no es delito pensar diferente, esto no constituye un delito, es un derecho. (…) La cuestión aquí no ha estado en ir a manifestarse», sino en «agredir, dañar, lesionar y desobedecer (a la autoridad)». 

Apenas dos días antes, el Canciller Bruno Rodríguez rechazó que hubiera desaparecidos y aseguró que la mayoría de los arrestados habían sido liberados, «habiendo sido multados o bajo medidas cautelares domiciliarias».

Una Nota Informativa. Fuente: Agencias