Arrendamiento de Viviendas vs Derecho de Propiedad

2 de enero de 2014

Arrendamientos


A raíz de la promulgación de la nueva legislación inquilinaria, la propiedad privada se afecta

El texto constitucional del año 1999 (artículo 82) regula el derecho a la vivienda encuadrado dentro de los derechos económicos, sociales y culturales, debidamente reconocido en las principales declaraciones internacionales de Derechos Humanos (artículo 25.1) y vinculado al derecho a la vida, refiriéndose a la vivienda, como a la adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. Contempla del mismo modo, que el Estado Venezolano dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas y en especial, las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas.

Viviendas 3
Al referirse a la vivienda digna, el constituyente la define como aquel espacio construido donde un grupo familiar puede concretar la vida de interrelación entre sus miembros, así como el desarrollo de las actividades personales de cada uno de ellos, sin conflictos respecto a las pautas de comportamiento propias de su cultura. No podemos obviar que bajo esta perspectiva la vivienda es un medio a través del cual un grupo familiar participa y se integra a una comunidad debido a que es un espacio de inserción social del individuo y su familia, como célula fundamental de nuestra sociedad. Una de las características que determinan este derecho a la vivienda es que su garantía se ofrece a todas las personas, sin distinción alguna de origen, raza, credo o condición social, es decir, que vinculado el concepto con el contrato de arrendamiento de vivienda, incluye a dos partes que integran la relación: arrendador y arrendatario.

Arrendamiento 4Con el arrendamiento de viviendas, a la luz de la novísima legislación promulgada en el año 2011, conceptos de vieja data desafortunadamente entran en franco conflicto, debido a que  el arrendamiento definido como un contrato por el cual una persona (arrendador) sea propietaria o no del bien inmueble, cede en arrendamiento y/o alquiler por un tiempo determinado a otra persona (arrendatario) un bien destinado a vivienda a cambio del pago de un alquiler, pensión o renta, cuando se produzca la necesidad por parte del arrendador y/o propietario de restituirse en la posesión del inmueble arrendado es menester obligatoriamente por sí o por intermedio de abogado, acudir ante el nuevo Organismo Rector en materia de arrendamientos de viviendas creado por ley especial de fecha 12 de noviembre de 2.011 a objeto de tramitar el denominado “procedimiento previo a las demandas inquilinarias”  que impone una serie de requisitos de estricto cumplimiento, especialmente para el solicitante, el cual desde su inicio hasta que sea dictado el acto administrativo de efectos particulares recurrible en nulidad por ante la jurisdicción contencioso administrativa, tiene una demora aproximada de más de doce meses, independientemente que al dictarse la respectiva sentencia, el solicitante tendrá que acudir a la vía jurisdiccional para tramitar la demanda inquilinaria cuyo proceso impone dos instancias y al ser dictada la sentencia definitiva, nuevamente deberá acudir a la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas, a solicitar un refugio temporal y/o solución habitacional para el sujeto objeto de protección y su grupo familiar, habida cuenta que la ejecución de la sentencia definitivamente firme dictada no podría llevarse a cabo, si el demandado no tiene un lugar donde ubicarse con su grupo familiar, todo ello en garantía del derecho a la defensa y protección de las familias y personas en el acceso a la vivienda, a fin de evitar que el capitalismo continúe enviando a la calle, sin alternativas de vivienda digna ni refugio alguno a personas, familias y comunidades enteras, según dispone la Exposición de Motivos del Decreto Ley Nº 8.190 contra Desalojos y Desocupación Arbitraria de Viviendas.

Observamos en consecuencia, que el plazo de tramitación del mentado procedimiento previo a la demanda inquilinaria debe ser vinculado al sagrado derecho a la vivienda sólo apreciable en lo que respecta al sujeto objeto de protección, habida cuenta que para el arrendador, comodante, usufructuante y/o propietario del inmueble, ese derecho se encuentra en estado de minusvalía absoluta ante la imperiosa necesidad de restituirse en la posesión del inmueble, como sucede a diario en nuestro país. Se estima que dicho procedimiento derivado esencialmente de una relación arrendaticia, tiene una demora entre ocho a diez años contado desde la fecha de admisión de la solicitud inicial, lapso que coloca en situación de reserva el derecho a la propiedad, que como sabemos es de orden constitucional.

Gaceta
Es preocupante que con tan novísima legislación la situación inquilinaria en el país, día a día se encuentre en estado de precariedad por no expresar, de extinción: el actual arrendatario, goza de las ventajas evidentes de dicha legislación; sin embargo, no así, quienes mediante el arrendamiento requieran ocupar un inmueble destinado a vivienda, sea porque carece de medios suficientes para adquirir una vivienda y/o porque mediante el alquiler, puede ahorrar lo suficiente para adquirirla. Se hace necesaria la reforma adecuada de la legislación que no excluya a una de las partes, como se evidencia de la vigente.

Cora Faria

Cora Farías Altuve

Abogada. Magíster en Derecho Procesal
Presidenta de la Fundación Venezolana de Derecho Inquilinario
cofaal52@gmail.com 
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